Presidente de FONAVIPO Lic. Rony Huezo  explica el mecanismo a seguir y el apoyo económico a familias de la Comunidad El Espino.

Las 76 familias que viven en la finca El Espino y que afrontan una situación de desalojo por orden judicial contaran con el apoyo económico del Gobierno de El Salvador.

La comisión interinstitucional encargada del tema, conformada por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), informaron que proporcionarán a los grupos familiares cheques con un monto determinado de dinero, así como las facilidades para la adquisición de una vivienda de interés social.

El gobierno ha destinado $764,000, los cuales se distribuirán en dos tipos de cheques: uno por $12,000 para las familias que no cuenten con ningún inmueble fuera de la finca El Espino y otro por $4,000 para quienes se les comprobó que poseen alguna propiedad.

El plazo estipulado para comenzar el retiro de las familias  del terreno es de  15 días calendario, contados a partir de día viernes 20 de abril del presente año,  fecha en la que se dará inicio a la recolección de documentación.

Una vez completa la documentación FONAVIPO, en un plazo de 4 días hábiles, entregarán el 50% del valor del apoyo económico a las familias  (firmarán Acta de retiro voluntario de las familias en posesión de inmueble denominado El Espino), y estas contarán con 3 días calendario para el retiro del terreno, las familias deberán informar de su retiro a FONAVIPO dentro del plazo establecido.

FONAVIPO verificara que las familias se retiraron del lugar y hará entrega del 50% restante.

Asimismo, familias tendrán acceso a las líneas y programas crediticios del FSV, utilizando si desean el apoyo económico para el pago de la prima.

Estas acciones del gobierno se realizan cumpliendo con la responsabilidad y el compromiso con las familias afectadas por su situación legal y que el desalojo es producto de un proceso judicial.

En julio de 2014, la familia Dueñas Herrera interpuso una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades. Después de pasar por las instancias judiciales, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán resolvió que las familias debían desalojar la propiedad.

Un grupo de 18 afectados de la comunidad interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional para detener estas acciones. El amparo fue admitido y el desalojo fue suspendido como medida cautelar. Los Solicitantes del amparo argumentaron que se emitió una sentencia en la cual los declaraban invasores, pero no fueron incluidos en el proceso y nunca tuvieron posibilidad de defenderse y ser escuchados

El 9 de Febrero de 2017, la Sala de lo Constitucional resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados dentro de un plazo máximo de seis meses. El fallo además traslado la responsabilidad de reubicar a las familias al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y que actualmente el Gobierno cumple con la responsabilidad y con el compromiso de atender a las familias afectadas.

Una muestra de ello es que el próximo 16 de abril se desarrollará una asamblea comunitaria para presentar la hoja de ruta, reiterar la propuesta de apoyo económico y definir los tiempos y los requisitos para poder entregar la ayuda.